Proyecto busca impedir a deudores de pensiones de alimentos entrar a casinos, estadios y apostar en línea

La diputada Irací Hassler presentó un proyecto de ley que impide a las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos comprar entradas para el fútbol profesional y eventos masivos pagados, ingresar a casinos y apostar en plataformas de juego en línea autorizadas, mientras no cumplan con sus obligaciones. Sus impulsores la llamaron «Sin pensión no hay diversión». La acompañaron las diputadas Marisela Santibáñez, Constanza Schönhaut, Daniela Serrano y Carolina Tello, los diputados Marcos Barraza y Juan Santana, y tres organizaciones de la sociedad civil: la ONG Acción Mujer y Madre, Familias Cuidadoras y la Coordinadora 8M de Valparaíso.

La propuesta obliga a organizadores de espectáculos, vendedores de entradas, operadoras de casinos y plataformas de apuestas autorizadas a consultar el Registro antes de cada operación. Si la persona tiene una inscripción vigente, deberán negar la venta, impedir el ingreso o suspender la cuenta de juego.

Las restricciones terminarían cuando se cancele la inscripción, ya sea por el pago íntegro de la deuda o por la aprobación judicial de un acuerdo de pago que cumpla los requisitos legales.

Hassler sostuvo que «La pensión de alimentos no es una opción, es una obligación». Según la diputada, «todavía hay 270.000 deudores de alimentos que se desentienden de las responsabilidades de sus hijos e hijas». Agregó que «Un 96% de los deudores de pensión de alimentos a mayo del 2025 son hombres».

Santibáñez recordó que impedir el ingreso a los estadios «ya se había planteado en el periodo anterior, pero lamentablemente no avanzó», y dijo: «Espero que la derecha se sume». Schönhaut pidió al gobierno patrocinar el proyecto: «hacemos un llamado directo al Ejecutivo a que lo patrocine, porque hasta ahora han mostrado que las mujeres las dejan a la cola con los recortes y con la falta de priorización de medidas para ellas».

Tello, coordinadora de la Bancada Feminista Julieta Kirkwood, presentó la iniciativa como una forma de «complementar el actual sistema de pago de pensiones de alimentos». Carla González, fundadora de la ONG Acción Mujer y Madre, afirmó: «creemos que puede fortalecer la ya existente Ley Papito Corazón». Barraza resumió: «La responsabilidad paterna no se declara, se ejerce».

Análisis de Informe:Chile. La deuda de pensiones recae sobre niños, niñas y las mujeres que sostienen hogares. Por eso es razonable que el Estado use más herramientas para hacer cumplir una obligación que ya está reconocida. El diseño tiene un punto a favor de su proporcionalidad: la restricción depende de la inscripción en el Registro y termina con el pago o con un acuerdo aprobado por un tribunal. Quedan preguntas que la tramitación debería responder. Habrá que ver cómo se resguardan los datos personales cuando empresas privadas consulten el Registro y qué evidencia hay de que estas prohibiciones aumentan efectivamente los pagos. También qué recursos tendrá la fiscalización para que la norma no quede en el papel. Una medida de presión sirve si acompaña un sistema de cobro que funcione, no si lo reemplaza. El proyecto viene de la oposición y busca apoyo transversal. La prueba será que el debate se centre en el bienestar de los hijos e hijas y no se quede en la consigna.