¿Puede el Gobierno decidir por decreto cuánto se construye en tu comuna? Eso es lo que el Tribunal Constitucional aceptó revisar.
El miércoles 11, el TC declaró admisible el requerimiento de 46 diputados de oposición contra el Decreto Supremo 68 del Ministerio de Vivienda, firmado por el Presidente Kast y el ministro Iván Poduje (@MinistroPoduje) y publicado el 2 de octubre en el Diario Oficial. Lo impulsaron la diputada Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri, Acción Humanista), junto con alcaldes como Felipe Muñoz, de Estación Central, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (@Orrego). La admisibilidad se votó 6 a 3, y ahora Kast y la Contraloría tienen diez días para responder.
Qué cambia el decreto: la Ordenanza suponía cuatro personas por vivienda para traducir la densidad de los planes reguladores en departamentos; el decreto baja ese factor a 2,8 y, a 600 metros a pie del metro o el tren, a 1,4. Según el cálculo del requerimiento, donde antes cabían 100 viviendas ahora caben unas 143, y cerca del transporte, unas 286. También permite rebajar a la mitad los estacionamientos exigidos y dar hasta 75% más de constructibilidad a los conjuntos armónicos.
Qué se discute: no si hay que densificar, sino quién lo decide. Los requirentes sostienen que un reglamento no puede pasar por encima de lo que la ley le entrega a los planes reguladores de cada comuna. El Gobierno responde con la urgencia: el Minvu dice que en 2025 se autorizó la menor edificación de viviendas desde 2008 y que el déficit supera las 500 mil unidades; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que la acción retrasará la reactivación de la construcción, y la diputada republicana Paz Charpentier (@paz_charpentier) la llamó «obstrucción política» (Emol).
Qué viene: admisible no es un fallo. Mientras el TC resuelve el fondo, el decreto sigue vigente. Si lo acoge, las normas impugnadas quedarían sin efecto.
✍️ Estación Central ya sabe lo que pasa cuando se construye en altura sin colegios, agua ni transporte a la par. La urgencia habitacional es real, pero «el derecho a la vivienda no termina en la entrega de una llave», como dijo Gazmuri. ¿Quién paga los barrios que el decreto no planifica?