Cariola, Mulet y Venegas presionan al Estado tras cargos de la SMA contra ENAP por datos de emisiones

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra ENAP Refinería Aconcagua por entregar información falsa e incompleta sobre sus emisiones de dióxido de azufre (SO₂). Dos de esos cargos fueron clasificados preliminarmente como gravísimos, según detalló el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social). Tras conocerse la medida, la senadora por la Región de Valparaíso Karol Cariola, el diputado socialista Nelson Venegas y el propio Mulet exigieron por separado respuestas del Estado. Los tres pusieron el foco en Concón, Quintero y Puchuncaví.

De acuerdo con lo informado por Mulet, la SMA cuestionó la información reportada por la empresa estatal sobre la eficiencia de recuperación de azufre. También detectó omisiones deliberadas en el cálculo de las emisiones de SO₂. El organismo anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría por eventuales delitos y otros incumplimientos. Una formulación de cargos abre un procedimiento sancionatorio: todavía no es una sanción. Tampoco existe una determinación judicial sobre posibles delitos.

Cariola ofició a las carteras de Salud y Medio Ambiente para conocer las medidas adoptadas frente al caso. En una declaración en video planteó que «los cargos formulados contra ENAP por alterar informes de contaminación son graves». Agregó: «Una empresa del Estado no puede comportarse de esa manera, mucho menos cuando se afecta la salud y la vida de las personas».

La senadora sostuvo que la respuesta del Ejecutivo no puede quedar solo en manos de las autoridades económicas y energéticas. «No basta solo con el pronunciamiento del ministro de Hacienda y la ministra de Energía. Este es un problema de salud pública», dijo. Según la parlamentaria, las comunidades de Concón, Quintero y Puchuncaví «no pueden seguir siendo parte de una zona de sacrificio».

Según el comunicado de la senadora, los oficios piden al Ministerio de Salud informar sobre los mecanismos de vigilancia sanitaria y el seguimiento de enfermedades potencialmente asociadas a la contaminación. A la Superintendencia del Medio Ambiente le solicitan detallar las herramientas de verificación independiente, mediciones y controles que permitan detectar alteraciones en los reportes ambientales de las empresas. Cariola cuestionó que el control ambiental dependa de los datos que entregan las propias compañías.

En el video, la senadora mencionó a niños y niñas que llegan con problemas de salud a los centros de atención de la zona. A su juicio, eso ocurre porque «el autorreporte no se sostiene más». Exigió que se cumplan las sanciones correspondientes y que la investigación del Ministerio Público «debe llegar a puerto para encontrar todas las responsabilidades frente a esta grave situación».

El diputado Nelson Venegas (PS) se refirió a las irregularidades en los reportes de emisiones con un diagnóstico más amplio. «La situación que se vive en Concón, pero no solo en Concón, sino que también en Quintero, en Puchuncaví ya no da para más», afirmó. Para él, el caso no cambia el fondo del problema: «esta es solo una fiscalización y es solo una de las tantas sanciones, pero no hay un cambio estructural que venga a modificar totalmente lo que ocurre en esta zona».

Venegas añadió que esa situación transmite que «los que viven en ese lugar son prácticamente ciudadanos de segunda categoría». También aseguró que en Puchuncaví y Quintero «todavía siguen las intoxicaciones» y que «una vez al mes por lo menos existen intoxicaciones». Cerró con una pregunta dirigida al Estado: «¿cuándo el Estado se va a hacer cargo de manera más estructural de lo que está ocurriendo tanto en Puchuncaví, en Quintero y en Concón como ocurre hoy día con este tema de la ENAP?».

Mulet calificó la formulación de cargos como «extremadamente grave». Recordó que su bancada había denunciado el problema «hace más de un mes» y lo describió como una falta de control sobre las emisiones de dióxido de azufre hacia las tres comunas, «producto de mala información que emanaba de la propia empresa». Según el diputado, «la Superintendencia ahora ha comprobado que se entregó información falsa, se cometió un delito». Esa es su lectura: la existencia de un delito solo puede establecerla un tribunal.

El parlamentario fue más lejos. «Hay que decirlo así: de acuerdo a la Superintendencia, hay delincuentes dentro de ENAP que han permitido la emisión de gases tóxicos que vulneran el acuerdo para remediar el medio ambiente y para poner límites, ¿cierto?, y han dañado la salud de los habitantes de estas tres comunas», señaló. No hay personas formalizadas ni condenadas en lo que informa el material disponible.

Mulet impulsa además una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados. Llamó a sus pares a firmarla, en especial a los de la Región de Valparaíso: «me llama la atención que solo el diputado Hotuiti Teao, de la Región de Valparaíso, la firme». Según el diputado, la comisión debe revisar las responsabilidades penales, las internas de la empresa y las políticas. En sus palabras, también hay que investigar «las responsabilidades políticas de que una empresa del Estado reitere su mala conducta en esta materia y ahora cometiendo delitos y, obviamente, poniendo en riesgo la salud de la población».

Las declaraciones de los tres parlamentarios no incluyen la versión de ENAP. El procedimiento de la SMA sigue abierto y la empresa tiene derecho a presentar sus descargos.

Para Informe:Chile, el caso deja una pregunta que va más allá de ENAP: cómo fiscaliza el Estado cuando depende de lo que las empresas informan sobre sí mismas. Que el cuestionamiento recaiga sobre una empresa pública lo hace más delicado. El Estado debería ser el primero en dar el ejemplo de cumplimiento ambiental. Las propuestas de Cariola y Venegas apuntan a algo concreto: mediciones independientes, vigilancia sanitaria y una política de fondo para Concón, Quintero y Puchuncaví. El dato de Mulet sobre las pocas firmas para la comisión investigadora entre los diputados de la región también importa. La salud de comunidades que llevan años expuestas no debería depender del color político de quien fiscaliza ni de quien es fiscalizado.