Oposición prepara acusación constitucional contra Rabat por 56 rebajas de condena a agresores de menores
Seis bancadas estudian el libelo y dieron 48 horas al Gobierno para entregar los decretos. Kast mantiene al ministro, mientras en el oficialismo hay voces que piden su salida.
Las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal trabajan en los fundamentos de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, según informó El Mostrador. El motivo son las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La presión subió el lunes 26 de octubre de 2026, cuando el presidente José Antonio Kast reconoció un error del Estado, pero ratificó a Rabat en el cargo.
El caso se hizo público el miércoles 21 de octubre. Según una columna de Carlos Basso publicada en El Mostrador, los 56 decretos comprenden 27 condenas por abuso sexual y 29 por violación y abuso sexual. Una investigación de BioBioChile identificó a 33 de los beneficiados: 22 decretos los firmó Rabat, 10 el subsecretario de Justicia, Luis Silva, y uno el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Según ese medio, todos están en libertad, sus víctimas no fueron notificadas y hay informes de Gendarmería que advertían alto riesgo de reincidencia en varios casos.
Kast descartó pedir la renuncia del ministro. Según Radio Universidad de Chile, dijo que prefería «el camino difícil», que es «hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado». El Ejecutivo anunció un proyecto de ley para reformar la Ley 19.856. De acuerdo con El Mostrador, esa iniciativa no contempla revocar automáticamente las rebajas ya otorgadas, que es una de las exigencias de la oposición.
La respuesta no conformó a las bancadas opositoras. En una declaración a nombre de ellas, la diputada Emilia Schneider pidió transparentar cómo se tomó la decisión y a quiénes dejaron libres, y exigió sacar de sus cargos a Rabat y a Silva. Para ambas cosas, la oposición dio al Gobierno un plazo de 48 horas.
La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, dijo que en la sesión especial de la Cámara el Gobierno «tiene que presentar y transparentar cada uno de los decretos que ha otorgado para rebajar las condenas de aquellos violadores y pedófilos». Según El Mostrador, esa sesión está pedida para el miércoles 28 de octubre. Yeomans sostuvo que el ministro actuó con discrecionalidad: «Tenía la posibilidad de no hacerlo, pero decidió desproteger a los niños y niñas». El presidente del PPD, Raúl Soto, puso tres condiciones para evitar el juicio político, según ese medio: que Kast pida la renuncia de Rabat, que el Ejecutivo actúe para revocar los decretos y que pida disculpas públicas a las víctimas.
El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) fue más allá. «Me parece que la acusación constitucional está cobrando cada vez más fuerza por razones políticas y también por razones jurídicas», afirmó, y agregó: «A mí me parece que es razonable presentar también la acusación, aun cuando el ministro renuncie». El diputado José Antonio Rivas (PS) también pidió la salida: «Y el ministro Rabat debe renunciar». En paralelo, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia penal contra Rabat y Silva por presunta prevaricación administrativa, informó Radio Universidad de Chile. Es una denuncia, no una formalización.
El ministro defiende que no le correspondía evaluar cada caso. El 27 de octubre, según El Mostrador, dijo que el rol de su cartera «es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades». La columna de Basso recoge otra versión del propio Rabat: «yo lo rechacé también, pero atendidas las resoluciones que se dictaron en los meses de marzo y abril, modifiqué el criterio». Según esa columna, el gobierno anterior rechazaba las solicitudes y solo las otorgó cuando los tribunales lo ordenaron.
No toda la oposición tiene la misma postura. El diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó lo ocurrido de «absolutamente reprochable», pero advirtió: «El punto es si hay infracción constitucional». Agregó que, si la hay, «también a mi juicio debería haberla respecto de los ministros de la Corte Suprema que fallaron en el mismo sentido que aplicó el ministro». La diputada Zandra Parisi (PDG) dijo que esperará escuchar a Rabat antes de definirse, porque tienen «antecedentes parciales».
En el oficialismo, el diputado republicano Leandro Kunstmann dijo que «la izquierda una vez más se aprovecha del momento». También planteó acusar a los ministros de la Corte Suprema por los más de 300 beneficios de los últimos cinco años. Su par Luis Fernando Sánchez apuntó a gobiernos anteriores: «Tres ministros pasaron antes del ministro Rabat que otorgaron estos beneficios y a nadie se le ocurrió que podía ser un problema». El vocero Gonzalo Arenas dijo a Tele13 Radio que una causal por incumplir la ley «no tiene ningún fundamento en la realidad». Sin embargo, según El Dínamo, el senador Rojo Edwards dijo a radio Infinita que «el ministro no debiese seguir en su puesto», aunque cree que la acusación no prosperará. Y la senadora María José Gatica (RN) se retiró del comité político ampliado, según T13, que cita a La Tercera.
Para Informe:Chile, al 27 de octubre la acusación constitucional aparece como el camino más probable, porque el Gobierno cerró la otra salida: que el ministro asumiera la responsabilidad política dejando el cargo. Pero una acusación no es un castigo simbólico. El reparo de Mulet es pertinente: debe sostenerse en una infracción constitucional demostrable y con el mismo estándar para todos. El primer paso no depende del Congreso sino del Ejecutivo: entregar los 56 decretos y sus fundamentos. Las víctimas, que según BioBioChile no fueron notificadas, merecen esa información antes que cualquier votación.