La Fiscalía pide 20 años para el exjefe de una división del Gobierno Regional del Biobío en el Caso Convenios.
El martes, la Fiscalía Regional del Biobío presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción una acusación contra 11 personas en la arista Bonhomía. Para Simón Acuña, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, pide 20 años de presidio y una multa de 6.738 UTM (unos $488 millones) por dos delitos de fraude al fisco en reiteración. Para Benjamín Pavón, 13 años y 70 días por cuatro delitos económicos y 850 UTM de multa; para Rodolfo Adriazola, 10 años y 6.090,76 UTM por fraude al fisco. Son penas solicitadas: nadie ha sido condenado y los acusados mantienen su presunción de inocencia.
El mecanismo que describe la acusación: la Fundación Bonhomía habría sido usada para cumplir los requisitos de acceso a fondos públicos a cambio de un 3% del financiamiento, que quedó en manos de empresas privadas vinculadas a uno de los acusados. El Gobierno Regional le transfirió dos pagos que sumaban $356.108.000 en 2022. Según la fiscal María José Aguayo, el proyecto no tenía estructura real, se falsearon presupuestos y los recursos pasaron casi íntegros a cuentas de empresas e imputados. Se suman cargos por lavado de activos y delitos tributarios (boletas de honorarios por servicios que no se habrían prestado), y la devolución de garantías por $35.610.800 sin cumplirse el convenio. La Fiscalía ofreció 114 testigos y seis peritos.
Por qué importa: el Caso Convenios mostró cómo un sistema de transferencias a fundaciones pudo abrirse a intermediarios con fines de lucro. Lo que sigue es la preparación del juicio oral, donde se probará o no cada hecho.
✍️ Cuando el Estado entrega recursos sin control real, el costo lo pagan las comunidades que debían recibirlos. ¿Qué cambió desde entonces en la forma de fiscalizar los convenios?