Crisis por rebajas de condena a abusadores de menores fractura al oficialismo y pone a prueba el apoyo a Kast
Andrés Longton renunció a la subjefatura de la bancada RN por diferencias con María José Gatica, quien pide la salida de Rabat. Diputados de RN y la UDI también exigen su renuncia.
El Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026: 29 por violación y 27 por abuso sexual. El caso se hizo público el 21 de octubre, tras una investigación de Interferencia. El ministro Fernando Rabat sostiene que su cartera se ajustó a criterios de la Corte Suprema, y el presidente José Antonio Kast lo ratificó en el cargo.
Según reveló una investigación de Bío Bío, 33 de los beneficiados ya fueron identificados, todos están libres y sus víctimas no fueron notificadas. Los informes de Gendarmería advertían un alto riesgo de reincidencia en varios de ellos. Rabat firmó 22 de esos decretos, el subsecretario Luis Silva firmó 10 y el subsecretario Pablo Mira, uno.
La crisis llegó al oficialismo. El 26 de octubre, la jefa de la bancada de senadores de RN, María José Gatica, se retiró del comité político ampliado en La Moneda. Según La Tercera, planteó que lo mínimo era que Rabat dejara el cargo. El 27 de octubre insistió: «Solo he escuchado soberbia y la típica actitud de algunos de mandar a los bots a pegarle en redes sociales a los que nos atrevemos a decir las cosas por su nombre». Los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI) también pidieron su salida. «Somos oficialistas, pero no incondicionales», dijo Durán.
El senador Andrés Longton renunció a la subjefatura de la bancada RN por diferencias con Gatica: «no puedo hacerme cómplice de esa situación». Longton respalda la permanencia del ministro, aunque admite que Rabat «Tomó una decisión que, desde el punto de vista político, claramente no correspondía y que afecta a quienes debemos proteger de mejor manera, que son los niños». Según Bío Bío, la próxima comisión política de RN pedirá revisar la relación del partido con el gobierno.
Los diputados republicanos se reunieron con Rabat para conocer el proyecto de ley que el Ejecutivo anunció para excluir a estos condenados del beneficio. Luis Fernando Sánchez culpó a gestiones anteriores: «Tres ministros pasaron antes del ministro Rabat que otorgaron estos beneficios y a nadie se le ocurrió que podía ser un problema». José Antonio Kast Adriasola afirmó que «nadie había levantado alertas ni presentado una solución». Sin embargo, el 21 de octubre, el senador Pedro Araya anunció junto a Longton, Flores, Bianchi y Squella un proyecto con ese mismo fin. La diputada Emilia Schneider también anunció uno. Por su parte, la oposición prepara una acusación constitucional contra Rabat.
Para Informe:Chile, la responsabilidad política no es un trámite. Es la forma en que una democracia responde cuando el Estado falla. Mantener al ministro sin asumir costos, cuando hay víctimas que no fueron avisadas de la libertad de sus agresores, erosiona la confianza ciudadana y la justicia. Culpar a gobiernos anteriores y decir que nadie propuso soluciones, cuando ya había proyectos anunciados, tampoco ayuda. Corregir la ley es necesario, pero un proyecto no es ley. Y el costo ya se ve: el gobierno está poniendo en jaque los apoyos que necesita para gobernar.